Pero antes de llegar a esa instancia Fernando Pimentel, el jefe del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, pretende tratar el asunto en reuniones previstas para fines de enero y principios de febrero.

Quienes utilizan esa terminología drástica, los colaboradores de Pimentel, afirman también que se encuentran abocados a realizar gestiones.

“Estamos en un proceso de evaluación del impacto de la resolución en sectores productivos brasileños” dijeron. Esto revela que, si bien el gobierno de Dilma habla de “endurecer” la autodefensa brasileña, se encuentra con un obstáculo político: el ministro Pimentel, quien fuera cuestionado por presuntas irregularidades, puede dejar en breve el comando del ministerio industrial.

Según indica la prensa brasileña, no estará en ese puesto en el próximo gabinete que debe surgir, en febrero, de una amplia reforma conducida por la jefa de Estado.

Es cierto que hay presiones empresariales.

Y un testimonio fue el comunicado de la Confederación Nacional de la Industria. Dijo que la medida “ es un retroceso más en el Mercosur ” y que “amenaza a las empresas brasileñas”. Sin embargo, hay un dato curioso y es el silencio de un club patronal mucho más poderoso: la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP). Tal vez prefieran adoptar una posición “conciliadora”. Está prevista una cita pero para discutir sobre “complementación de cadenas productivas”, en la esfera de la ministra Débora Giorgi que no incluye a la secretaria de Comercio Exterior Beatriz Paglieri quien, con la batuta de Guillermo Moreno, decide el “muro” contra los importados.

Fuente: iEco/Clarín

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, defendió la implementación de las nuevas medidas para controlar las importaciones y dijo que la estrategia se enmarca en la “sintonía fina” de la que habló la Presidenta. El funcionario anticipó que la semana próxima se oficializará el funcionamiento del sistema.

Luego del cierre del Foro Global de la OCDE sobre Administración Tributaria que organizó la AFIP, Echegaray aseguró que el nuevo sistema para controlar las importaciones que regirá desde el 1º de febrero fue recomendado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en 2005, que se aplica desde 2003 en los Estados Unidos, desde el año pasado en la Unión Europea y que fue autorizada por el Mercosur en 2004. De esta manera, cuestionó los reclamos que le hicieron al sistema desde distintos sectores empresarios. “Les pido que estudien, que lean las recomendaciones del marco normativo internacional de y de la OMA”, manifestó el funcionario.

Echegaray aclaró que no se rechazarán importaciones, sino notas de pedido de importación, algo que estimó que, por lo general, se realizará en el término de 72 horas, salvo casos excepcionales en donde “tal vez (los organismos) puedan expedirse en 10 días”. Hasta ahora, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Guillermo Moreno, se había adherido a la medida. Durante la conferencia, el titular del fisco aseguró que también se sumarían el SENASA, el RENAR, y los organismos de seguridad eléctrica.

El funcionario defendió la medida porque sirve para “para enfrentar la crisis que se vive en el mundo”. “Es una decisión estratégica que venía siendo reclamada por los operadores de comercio exterior”, agregó.

Fuente: iEco/Clarín

La ministra de Industria, Débora Giorgi, junto al secretario de Industria, Eduardo Bianchi, recibieron este martes a representantes de la cámara de Fabricantes para Maquinaria y Equipos para la Industria (Cafmei), a quienes solicitó que determinen qué productos de su sector consideran prioritarios para integrar la nómina de 100 posiciones arancelarias a las que Argentina elevará el Arancel Externo Común (AEC), en acuerdo con los países del Mercosur.

En el mismo encuentro -del que participaron representantes de la secretaria de Comercio Exterior, a cargo de Beatriz Paglieri- Giorgi les requirió a los fabricantes de bienes de capital que también identifiquen qué posiciones arancelarias consideran que deberían sumarse al sistema de Licencias No Automáticas (LNA) o solicitar protección mediante medidas antidumping.

“La sintonía fina es poder determinar con más precisión al interior de los sectores cuáles son sus necesidades y requerimientos: asíestamos identificando las posiciones adecuadas para defender a la industria nacional, tanto con la suba del AEC, como con las LNA o con medidas antidumping”, indicó Giorgi.

La ministra recibió al presidente de Cafmei, Oscar Martínez; a su vicepresidente, Mario Polijronópulos, y al gerente general, Mariano Espinosa. En esta línea, esta última semana la ministra mantuvo reuniones con representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (Cadieel), la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, (Cafavi).

Giorgi les planteó a los industriales que la defensa de sus productos de la competencia desleal interna requiere como contrapartida el compromiso de las empresas respecto a inversiones, precios, sustitución de importaciones, incremento del empleo, exportaciones, abastecimiento del mercado interno y balance de divisas.
Los empresarios deberán plasmar esos compromisos a partir de acuerdos que firmarán con el Gobierno Nacional, los que serán presentados a partir de la próxima semana a Industria y Comercio Exterior.

En diciembre pasado, el Mercosur habilitó a cada uno de los países socios a aplicar individualmente derechos de importación sobre 100 posiciones arancelarias por encima del AEC hasta el 35% permitido por la OMC. Giorgi y Paglieri están trabajando en la elaboración del listado de posiciones arancelarias que presentará la Argentina ante el bloque regional.

“Estamos trabajando con todo los sectores para potenciar la competitividad de nuestra industria; Argentina debe tener fabricación sustentable de bienes de capital e insumos difundidos”, aseguró Giorgi y señaló que “vamos a preservar el mercado interno, la producción y el trabajo argentinos de la crisis económica internacional y de la sobreoferta de productos baratos que se generará en los países afectados por esa crisis”.

Las 100 posiciones arancelarias que cada país presentará para que modifiquen su AEC serán informadas a la Comisión de Comercio del Mercosur y, de no haber objeciones bien fundadas por parte de los socios, la medida tomará vigencia.

El Mercosur acordó también monitorea la evolución del comercio interno de cada país en esas posiciones para evitar situaciones que pudieran impactar en la competitividad de los sectores productivos de la región.

Fuente: iProfesional

Suba del arancel externo común (AEC), medida antidumping o licencia no automática. Las industrias nacionales que busquen una protección frente a la competencia desleal de los bienes importados deberán optar entre uno de estos instrumentos, por lo que si un producto ya está cubierto con una licencia no automática, deberá renunciar a ella para poder lograr una cobertura con la suba del AEC.
Esta fue la condición que les planteó la ministra de Industria, Débora Giorgi, a los empresarios de diversas cámaras que visitaron su cartera durante las últimas semanas para discutir sobre la propuesta del Mercosur de elevar el arancel extrazona como medida de resguardo ante la invasión de mercadería de origen asiático.
Con este mensaje, Giorgi dio a entender a los industriales que el régimen de licencias no automáticas permanecerá vigente, pese al nuevo esquema generalizado de control de las importaciones vía declaración jurada y correo electrónico al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
A fines del mes pasado, el Mercosur habilitó a cada país miembro a aplicar, sobre 100 posiciones arancelarias, derechos de importación por encima del AEC hasta el 35% permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC). A partir de ese momento, Giorgi comenzó a consultar a los empresarios para que presenten propuestas de productos que pretenden sean cubiertos con ese instrumento, y ayer le tocó el turno a la Cámara de Fabricantes de Maquinaria y Equipos para la Industria (CAFMEI).
Según informó el Ministerio, en ese encuentro, del que también participaron representantes de la secretaría de Comercio Exterior, también se les pidió que identifiquen qué posiciones arancelarias consideran que deberían sumarse al sistema de licencias o solicitar protección mediante medidas antidumping.
El planteo fue similar al que le realizar a los miembros de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (CADIEEL), la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, (CAFAVI).
Fuentes de Cadieel precisaron que esta semana presentarán la propuesta, que abarcará entre 20 y 50 posiciones arancelarias. El orden de prioridad será por valor de importaciones y no por volumen. Por ejemplo, en el caso de los transformadores de potencia, si bien se importan pocas unidades, cada una tiene un costo muy alto.
Las empresas que obtengan una protección con la suba de AEC deberán firmar un acuerdo con el Gobierno en el que se comprometerán a incrementar sus inversiones, sustituir importaciones y generar empleo.

Fuente: El Cronista Comercial

Desde que asumiera Cristina Fernández de Kirchner su segundo mandato, rápidamente comenzaron a multiplicarse las medidas para frenar a las importaciones, tendientes a sostener el empleo y a evitar una “fuga” de dólares por el comercio.

Así, los principales socios del Mercosur comenzaron a mostrar su inquietud por esta catarata de instrumentos que buscan “blindar” las fronteras.

“Hoy todos sabemos que la Argentina ha adoptado una política interior que nos gustará o no pero es su política democrática, de su gobierno elegido. Que tiene un proteccionismo y que tranca el intercambio comercial”, se quejó en declaraciones a El País el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

El mandatario uruguayo alegó que “la política exterior con la Argentina debe ser cuidadosa para proteger al turismo”.

“Esto es una de cal y una de arena”, graficó Mujica, quien acotó que “Punta del Este no existiría si no fuera por ellos”, en alusión a los turistas argentinos.

En este contexto, con la convicción de que las “medidas proteccionistas” que impone Argentina al comercio “van a perjudicar” en lo comercial a Uruguay, el gobierno de ese país está saliendo a buscar apoyo en otros socios regionales, según dijo a El Observador el presidente José Mujica.

Ese es el principal motivo del viaje que el mandatario realizará hasta el domingo a la Antártida junto con el presidente chileno, Sebastián Piñera.

“Sé que Chile no nos va a servir para sustituir el comercio con Argentina, pero quiero conversar para generar más mercados y gestionar una salida al Pacífico”, dijo Mujica.

Pero ese no es el único destino al que apuesta el mandatario. También piensa viajar a Perú y a Brasil. “Hay que ir tejiendo”, agregó.

Asimismo, el nuevo control a las importaciones adoptado por Argentina, causó “preocupación” en el gobierno brasileño, por lo cual el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) de ese país “estableció contacto con el gobierno argentino para evaluar mejor los posibles impactos para los exportadores brasileños” de bienes de consumo.

Así lo consignó el organismo en una nota, según publicó el diario O Estado de Sao Paulo.

La nueva “sintonía fina”
la “sintonía fina” entre las empresas importadoras para asegurar la plaza de billetes verdes es cada vez más precisa y quirúrgica:

• Primero, se reforzó el uso de las licencias no automáticas, el mecanismo con el que el Gobierno llega a retrasar durante más de 180 días el ingreso de productos al país.

• Luego, durante todo diciembre, les exigió a las compañías que frenen importaciones y demoren los pagos a sus proveedores en el exterior para así evitar la salida de dólares por la vía comercial.

• Paralelamente, se creó la Secretaría de Comercio Exterior, con Paglieri al frente, una aliada de Guillermo Moreno, a esta altura, devenido en el “ministro de la sintonía fina” y el “guardián de las fronteras”.

• Ante el recrudecimiento de la crisis, la funcionaria logró que el Mercosur acordara ampliar la lista de excepciones al Arancel Externo Común y aplicar por un año una tasa del 35% a productos comprendidos dentro de 100 nuevas posiciones arancelarias.

• Posteriormente, la AFIP, a través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, creó el régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), que regirá a partir de febrero. La misma obliga a los empresarios a informar qué productos se estarán importando y de qué origen, antes de concertar la orden de compra con el proveedor de afuera.

Fuente: iProfesional

La Secretaría de Comercio Interior, conducida por Guillermo Moreno, adhirió al régimen dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obliga a los importadores a informar todas las operaciones a partir del 1 de febrero.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1/2012.

En los considerandos, se recordó que el 5 de enero la AFIP emitió la Resolución General N 3252, por medio de la cual se establece un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo, a través de una Declaración Jurada Anticipada de Información (DJAI).

Y se indicó que la información registrada en las declaraciones juradas “será puesta a disposición de los organismos que adhieran al mecanismo”.

La resolución señaló que “resulta necesario” que la Secretaría realice “análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente, ya que la importancia cualitativa y/o cuantitativa de las importaciones a efectuarse tiene la característica de impactar, sobre el comercio interior”.

“Que, al mismo tiempo, el acceso a la información contribuirá a una mejor y mayor evaluación del grado de competitividad de la actividad económica, posibilitando la tipificación de las estructuras de costos de los bienes que conforman el mercado”, se añadió.

Por ello, se explicó que “esta Secretaría de Comercio Exterior debe adherir al mecanismo establecido por Resolución 3252/2012″. “Asimismo, corresponde, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 de la Resolución General N 3252/2012, establecer el plazo en que ésta Secretaría de Comercio Interior se pronunciará respecto de la información recibida, el que no será mayor a QUINCE (15) días hábiles”, continuó la medida firmada por Moreno.

El nuevo control a las importaciones sumó nuevas quejas tanto de los importadores como de los exportadores.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) pidió a la AFIP que “suspenda” la resolución que establece la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), por entender que la medida es “no conforme” con “compromisos regionales e internacionales con los cuales Argentina está comprometida”.

Asimismo, el titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santiesteban, advirtió que esta medida agregó “incertidumbre a la actividad”.

Fuente: La Nación